Montclar Habitat

Ad Verum - 3F Abogados

Somos un despacho de abogados independiente y multidisciplinar especializado en asesorar y acompañar a personas y empresas que desean establecerse o trasladar su residencia a Andorra.

Desde nuestra base operativa en España, gestionamos todos los trámites legales, fiscales y administrativos previos al traslado, y coordinamos con nuestros expertos asociados en Andorra para ofrecerte un servicio integral y sin fronteras.
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Asesoramiento legal y fiscal España–Andorra

 

Combinamos más de 30 años de experiencia jurídica con una red de profesionales especializados en ambos territorios.

Nos ocupamos de todo el proceso:

Desde la planificación legal y fiscal en España,
Hasta la gestión de residencia, inversión o constitución de sociedades en Andorra.

Nuestro despacho trabaja en estrecha colaboración con Montclar Habitat y con abogados locales andorranos, garantizando un servicio 360º en el que cada detalle —legal, fiscal, administrativo o patrimonial— está bajo control.

Contacta con nosotros
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Derecho Penal y Penal Económico

Defensa y acusación particular en procesos penales.
Especialización en delitos económicos, telemáticos, societarios y contra el patrimonio.

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Derecho Mercantil y Concursal

Asesoramiento empresarial completo.
Constitución, liquidación y reestructuración de sociedades.
Intervención en procedimientos concursales y conflictos entre socios.

 

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Derecho Civil, Familia y Sucesiones

Contratos, herencias, divorcios, reclamaciones patrimoniales y conflictos familiares.
Soluciones ágiles y orientadas a la preservación del patrimonio.

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Derecho Administrativo y Medioambiental

Recursos, licencias, sanciones y litigios frente a la administración.
Asesoría en cumplimiento normativo ambiental y urbanístico.

 

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Propiedad Horizontal e Inmobiliario

Gestión de comunidades, compraventas y arrendamientos.
Asistencia jurídica en operaciones inmobiliarias y transmisiones patrimoniales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delitos financieros y telemáticos: la especialidad del despacho

Defensa en procedimientos por intrusiones informáticas, hackeos, suplantación de identidad digital, estafas online, acceso no autorizado a sistemas, revelación de secretos o delitos cometidos mediante redes sociales y plataformas digitales.
Se trabaja junto a peritos tecnológicos y expertos en ciberseguridad para reconstruir evidencias y acreditar la veracidad técnica de los hechos.

Delitos financieros y económicos:

Asesoramiento y defensa en casos de fraude bancario, blanqueo de capitales, apropiación indebida, administración desleal, insolvencias punibles, estafas financieras y delitos societarios.

Delitos telemáticos y cibernéticos:

Defensa en procedimientos por intrusiones informáticas, hackeos, suplantación de identidad digital, estafas online, acceso no autorizado a sistemas, revelación de secretos o delitos cometidos mediante redes sociales y plataformas digitales.

Responsabilidad penal de la empresa (compliance penal):

Implantación de sistemas de prevención y cumplimiento normativo, redacción de protocolos internos y códigos éticos, y formación a directivos y empleados para evitar sanciones o imputaciones derivadas de delitos cometidos dentro del ámbito empresarial.

Ciberseguridad jurídica institucional:

Consultoría en protección de datos, brechas de seguridad, responsabilidad digital y normativa europea (GDPR y directivas ENISA).
Este trabajo combina el conocimiento jurídico con el análisis técnico para reforzar la seguridad y trazabilidad de la información institucional.

Por qué es una especialidad clave hoy

En un mundo cada vez más digitalizado y regulado, los delitos financieros y telemáticos suponen un riesgo real para empresas, administraciones y particulares.
El papel del abogado experto en esta materia no se limita a la defensa procesal, sino que incluye la prevención, detección temprana y blindaje jurídico frente a ataques o responsabilidades penales derivadas del uso de sistemas digitales o financieros.

¿Qué hace un abogado de este perfil?

Defiende a particulares, directivos y empresas en procedimientos relacionados con delitos económicos o tecnológicos.

Trabaja junto a peritos informáticos y auditores financieros para reconstruir la evidencia técnica y económica que sustenta la defensa.

Asesora y representa en casos de fraude financiero, estafas bancarias, blanqueo de capitales, apropiación indebida, administración desleal, delitos societarios o contables.

Interviene en procesos penales derivados del uso de tecnología, como suplantación de identidad digital, intrusiones informáticas, revelación de secretos, estafas online, acceso no autorizado a sistemas o manipulación de datos.

Desarrolla e implanta planes de cumplimiento normativo (compliance penal) en empresas, para prevenir responsabilidades penales derivadas de actuaciones internas o ciberataques externos.

Presta consultoría en ciberseguridad jurídica para instituciones y entidades públicas, garantizando el cumplimiento de las normativas de protección de datos, confidencialidad y seguridad digital.

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